FUE LA POLICÍA Y LO DESAPARECIÓ EL ESTADO

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Por Juan Alberto Pérez

El 31 de enero de 2009 la policía bonaerense desapareció a Luciano Arruga. El cuerpo fue encontrado en 2014 en el cementerio de la Chacarita, enterrado como NN. Luciano había sido visto por última vez en el calabozo del destacamento de Lomas del Mirador, donde fue ingresado ilegalmente, donde lo torturaron y lo mataron. Luego, la policía armó ese supuesto accidente para encubrir el crimen.

Luciano sufría una persecución constante de los policías. Meses antes de su desaparición ya había sido detenido ilegalmente en el destacamento de Lomas del Mirador, un lugar que no correspondía para la detención de personas, y mucho menos de menores de edad. Además, en aquella detención sufrió torturas, por lo que el ex policía, Julio Torales, fue condenado a 10 años de prisión en 2015.

Mientras estuvo desaparecido su cuerpo ningún funcionario local o provincial dio ayuda o asistencia a la familia. El silencio político legitimó el accionar policial que asesinó a Luciano. El intendente de La Matanza de entonces era Fernando Espinoza, quién después de desfilar por varios puestos políticos, entre los que figura diputado nacional, en la actualidad es nuevamente el intendente de esa localidad. El gobernador de la provincia era Daniel Scioli, quién es responsable necesario del accionar de las fuerzas, ya que era el jefe político de la bonaerense en 2009. A pesar de eso, en la justicia nunca estuvo su nombre, o de sus funcionarios en el área de seguridad, rondando como responsables de lo que pasó con Luciano. Muy por el contrario, Scioli fue candidato a presidente, diputado nacional y ahora fue condecorado con la embajada argentina en Brasil.

Actualmente la causa por la desaparición de Luciano, y por su muerte posterior, no tiene imputados. Esto demuestra el grado de impunidad que maneja la justicia para los pobres. De hecho, desde la familia y los organismos que se presentan como querellantes denuncian una clara obstrucción para que la investigación progrese. En agosto de 2019 el jurado concluyó el sumario y dio lugar a la formulación de las acusaciones para que se pudiera avanzar hacia el juicio propiamente dicho, pero la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios decidieron no acusarlos.

La familia de Luciano y el CELS denuncian a las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas y al juez de garantías Gustavo Banco por las conductas que tuvieron durante la investigación de la desaparición. Castelli delegó la investigación en la misma policía de la provincia de Buenos Aires, apuntada por la desaparición de Luciano, y avaló irregularidades policiales y negó información de la causa a las familiares. Cejas intervino los teléfonos de Mónica Alegre(madre), Vanesa Orieta(hermana) y otres familiares de Luciano, de forma arbitraria, secreta y extendida en el tiempo. Banco ordenó esas intervenciones durante más de un año, lo que implicó una injerencia arbitraria e ilegal en la privacidad e intimidad de la familia.

Hoy se cumplen 11 años de la desaparición de Luciano. El caso sintomático que demuestra que existe, aún en la actualidad, un plan sistemático de acción policial para abusar, violentar y acosar a les pibes pobres del país. Una práctica establecida, y que es propia de la fuerza y no de oficiales individuales. A Luciano lo mató la policía y lo desapareció el estado.

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