¿QUIÉN DIÓ LA ORDEN DE REPRIMIR?

Por Juan Alberto Pérez

Imágenes Nico Kobane

En la tarde de este jueves 9 de abril, los trabajadores del frigorífico El Penta, continuaban con la protesta por la reincorporación y el pago de la quincena adeudada por la empresa de Ricardo Bruzzese. La manifestación pacífica se desarrolló en las puertas del frigorífico, situado en Camino General Belgrano al 11500 en la localidad de Bernal, en el partido de Quilmes. Sin embargo, se encontraron con una feroz represión de la policía bonaerense con balas de goma y palazos. El saldo de esta acción violenta de las fuerzas de (in)seguridad fue de varios heridos, con perdigonazos en la espalda, fuertes contusiones en la cara y en el cuerpo; y hasta última hora de este jueves con un trabajador internado en observación pero fuera de peligro. De las respuestas sobre los reclamos poco y nada.

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“ES UNA LOCURA PENSAR QUE MI HIJO SE SUICIDO”

Christian Stehli tenÍa 38 años cuando fue detenido el pasado 12 de diciembre, por agentes de la policía de la ComisarÍa N° 2 de Villa Gesell. La versión policial indica un suicidio del joven, mientras que su familia y amigos, informan que no se ahorcó y van a exigir justicia. “No me dejaron ver el cuerpo de mi hijo y nos mandaron a la comisarÍa de Gesell. Tuve que esperar nueve días para ver si el que estaba adentro de la morgue era él. Todo esto me dejó medio muerta” contó a ANCAP Cristina Pagnanini, madre de Christian.

Por Arveja Esperanza y Federico Paterno (más…)

SE ESTRENA LA PELÍCULA SOBRE LUCIANO ARRUGA

Por Federico Paterno

Hoy tendrá su estreno en cines la película ¿Quien mató a mi hermano? Un film de Ana Fraile y Lucas Scavino con el apoyo de radio La Retaguardia. La pelicula visibiliza una lucha de años de familiares y amigos de Luciano Arruga. Un joven de 16 años que se negó a robar para la policía bonaerense y sufrió su desaparición el 31 de enero del 2009 y posterior asesinato. Desde hoy en varios cines del país estará la película; que es una invitación a no perder la memoria y a entender que la lucha colectiva es indispensable.

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“ESTA JUSTICIA BURGUESA NO NOS VA A DERROTAR”

Cobertura Juliana Miceli

Por Redacción ANCAP

Este mediodía se realizó una conferencia de prensa para denunciar el amedrentamiento sufrido por la familia de Pablo “paly” Alcorta por parte de la policía. Fue en la sede de Sipreba, en la calle México al 400 en CABA, dónde la madre de “paly”, Emilia Vasallo, junto a referentes de la marcha por el gatillo fácil, de la gremial de abogados y referentes de derechos humanos, contaron lo sucedido el viernes pasado cuando un grupo comando de las fuerzas encapuchados y sin identificación violentaron la casa de Emilia, allanaron sin orden de allanamiento, fuertemente armados, golpearon y maltrataron a la mujer y a los hijos. Sigue leyendo «“ESTA JUSTICIA BURGUESA NO NOS VA A DERROTAR”»

LA POBREZA SE IGNORA O SE REPRIME

Por Juan Alberto Pérez

Tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero” lanzó Mauricio Macri en el debate 2015 cuando se presentó a candidato a presidente. Por supuesto que la promesa no sólo que no fue cumplida, sino que en el cuarto año de gestión 3 de cada 10 argentinos o argentinas son pobres. Producto de un plan económico que logró desplazar a miles de compatriotas a las calles, la política gubernamental no sólo no fue contener sino que reprimió y marginó a muchos. Sigue leyendo «LA POBREZA SE IGNORA O SE REPRIME»

DE VILLA RAMALLO A SAN MIGUEL DEL MONTE: MASACRES POLICIALES CON CONSECUENCIAS POLITICAS

Por Juan Alberto Pérez

La masacre ocurrida en San Miguel del Monte, donde la policía persiguió a los tiros a un auto en donde viajaban cuatro chicos menores de edad y un hombre de 22 años, que finalizó con cuatro muertos y una de las chicas en grave estado, se enmarca en una triste historia de la policía bonaerenses en el que las manchas de sangre llegaron a condicionar a los responsables políticos. Villa Ramallo y Avellaneda son dos ejemplos de asesinato de la bonaerense que término cargándose a los políticos en tiempos electorales.

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VILLA RAMALLO: COMPLICIDAD CON LA POLICÍA QUE BARRE AL CANDIDATO

El 17 de septiembre de 1999, un mes antes de la elección presidencial que terminó triunfante para Fernando De la Rúa, ocurrió un hecho policial que tuvo repercusiones en el resultado electoral. Se trata de la Masacre de Villa Ramallo, cuando la policía bonaerense fusiló a tres rehenes y un ladrón en el secuestro por el robo al banco Nación de esa localidad. Tres ladrones ingresaron a la sucursal bancaria con el objetivo de robar el tesoro. Una testigo advirtió a la policía que rápidamente se apostó frente al banco, por lo que el robo se convirtió en toma de rehenes. Luego de un periodo de negociaciones, dos ladrones intentaron escapar en un auto, con tres rehenes como escudo, mientras la policía decidió en menos de dos minutos lanzar 170 disparos de los cuales 46 impactaron en el auto acribillando a dos rehenes y uno de los ladrones. Uno de los ladrones detenido con vida fue encontrado muerto en su celda el día después del hecho.

Se sospecha la participación policial en el hecho, además de complicidad política en la decisión del fusilamiento. Lo cierto es que pagaron con su cabeza el ministro de seguridad de la provincia Osvaldo Lorenzano, se disolvió al grupo Grupo Halcón que participó del caso, el juez Villafuerte Ruzo fue cuestionado por el operativo fusilador. Otro herido político fue el entonces gobernador, Eduardo Duhalde, que aspiraba a ser presidente de la nación, pero este hecho, sumado a un historial negro de la que según había dicho “la mejor policía del mundo” le valió como collar de plomo para sus aspiraciones políticas.

JUNIO: ASESINAR A LA PROTESTA

Desde la caída de De la Rúa en diciembre de 2001 el clima social era explosivo en el país. El gobierno de la alianza había terminado con 36 muertos en los hechos del 19 y 20 de diciembre. Cinco presidentes se sucedieron en una semana y terminó asumiendo Duhalde por mandato de una Asamblea Legislativa por la acefalia que vivía el país.

En las calles los piquetes eran moneda corriente y cada día levantaban más temperatura. La desocupación, el hambre y la desolación azotaba al pueblo.

El 26 de junio de 2002 el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD), juntos a otras organizaciones sociales, como el Aníbal Verón, intentaron cortar el puente Pueyrredón en la subida del lado de Avellaneda, para pedir por trabajo, aumento de salarios de 150 a 300 pesos, alimentos y subsidios para los desocupados. Sin embargo, un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad impidieron el acceso al puente y desplegaron una feroz represión por las calles de la localidad bonaerense. La cacería a cargo de la policía bonaerense se extendió hasta la estación del ferrocarril Roca dónde fusilaron literalmente a Maximiliano Kostecki de 22 años, y a Darío Santillán de 21 años. Además, la jornada dejó como saldo 33 heridos por la represión policial.

Por este hecho fueron condenados a perpetua los efectivos policiales a cargo del operativo, Franchiotti y Acosta; los efectivos Vega, Quevedo y De la Fuente fueron condenados a 4 años de prisión; los oficiales Sierra y Colman a 3 años y 2 meses de prisión; y el ex policía Celestino Robles a 10 meses por actuar en la represión a pesar de estar retirado de la fuerza.

Hasta el día de hoy se reclama que los responsables políticos del hecho sean llevados ante la justicia. El gobernador de la provincia de ese entonces, Felipe Solá actualmente participa activamente de la vida política, así como también Aníbal Fernández, que era secretario general de la presidencia de Eduardo Duhalde, también participa activamente de la política. Los otros responsables políticos han desaparecido de la vida pública. De todos modos, ninguno pago sus responsabilidades por la orden de represión. Sin embargo, este hecho hizo que Duhalde tenga que desistir de competir en las elecciones presidenciales de 2003 y además tuvo que adelantar la fecha de las elecciones en la que se erigió Néstor Kirchner.

La masacre de San Miguel del Monte representa la cristalización de la doctrina Chocobar impuesta por el gobierno nacional. Un cúmulo de operatorias represivas por parte del estado que le da rienda suelta a las fuerzas para que establezcan en las calles la mano dura que tanto anhela parte del electorado propio. Hasta el momento hay 13 detenidos, entre ellos el secretario de seguridad de la localidad. Sin embargo, este hecho que demuestra que el accionar de la policía bonaerense es sistémico, puede valerle a la gobernadora, María Eugenia Vidal, una derrota electoral, ya que poco ha hecho por modificar ese sistema.

LA MASACRE DE ESTEBAN ECHEVERRÍA SIGUE CONBRÁNDOSE VIDAS

Por Juan Alberto Pérez
El miércoles 15 de noviembre por la noche se produjo un incendio en la zona de calabozos de la Comisaría 3° de Esteban Echeverría, en la zona de Transradio. Por este hecho ya nueve los internos que murieron, en lo que significa la mayor masacre en la historia dentro de una dependencia policial.

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Aquella noche del 15 de noviembre había 26 personas detenidas en el calabozo de la comisaría tercera. Superaba ampliamente el límite de 10 personas de un establecimiento que a priori contaba con una orden de clausura para el alojamiento dictada por el juzgado de garantía nro 2 de Esteban Echeverría, en la dependencia de Monte Grande. Hacia frio aquella noche y ante la faltante de colchones y frazadas para atemperar las bajas temperaturas de todos los detenidos, decidieron hacer un fuego con algunos papeles y cartones que pudieron rescatar. Sin embargo, el fuego ganó a las mantas y se hizo indomable. Antes de que el siniestro tomé lugar, los detenidos estaban escuchando música, los guardias, cuál si fueran verdugos de la edad media, cortaron el suministro de luz ante la negativa de apagarla.
El fuego, el humo y el encierro fueron cóctel letal para los detenidos en el calabozo de la comisaría. A esto hay que sumarle que, según testimonio de los detenidos, los efectivos cerraron el suministro de agua de los calabozos, algo que podría haber ayudado a evitar parte de esta masacre. Según manifestó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) QUE oficia como defensa de las víctimas, los detenidos manifestaron que escucharon a los policías decir “Ahora se van a quemar como las ratas que son”.

Los muertos de la masacre de Esteban Echeverría, hasta el momento, son 9. Entre ellos se encuentran Juan Lavarda de 59 años, Eduardo Campos de 60 años, Jorge Ramírez de 30 años, Jeremías Rodríguez de 19 años, Elías Soto de 20 años, Miguel Ángel Sánchez de 31 años, 2alter Barrios de 21 años y en las últimas horas se sumó Carlos Ariel Corvera de 25 años. Dos víctimas más que la que hasta el momento la peor masacre en una comisaría bonaerense, que fue la masacre de Pergamino en el 2017.

Hay un número importante de comisarías bonaerenses inhabilitadas para detenciones que siguen albergando personas. En la provincia, según la CPM, el 80% de las dependencias policiales no cuentan con elementos para prevenir incendios. Mediante datos de CPM se sabe que existe una superpoblación en sedes policiales del 290%. Hay actualmente 3900 personas detenidas en 137 comisarías en condiciones que violan los derechos humanos básicos.

Los medios de comunicación hegemónicos han tomando la versión policial del caso y hablan de intento de fuga y motín. La investigación está en manos del juez Javier Mafucci del juzgado nro 2 de Lomas de Zamora descentralizado en Esteban Echeverría. Aún queda un detenido en estado grave e internado con pronóstico reservado. Este hecho pone en evidencia la necesidad de debatir de una vez por todas que tipo de servicios penitenciarios necesitamos y bajo que condiciones.

LUCIANO Y SANTIAGO: HISTORIAS CRUZADAS DEL 17 DE OCTUBRE

Por Juan Alberto Pérez

Luciano y Santiago comparten el trágico destino. Los dos desaparecieron con la participación del aparato represivo del Estado en el medio. La Policía Bonaerense en el caso de Luciano, la Gendarmería Nacional con Santiago. Ambos comparten el castigo gubernmental, uno por el negacionismo, caso de Luciano y el silencio del Gobernador Daniel Scioli; el otro, por la persecución que realizó la justicia y el Ministerio de Seguridad (Patricia Bullrich y Pablo Nocetti) contra la víctima y su familia. Los dos tienen la triste coinicidencia de que su cuerpo aparezca sin vida un 17 de octubre. Uno de 2014, Luciano, el otro en 2017, Santiago.

Luciano Arruga, tenía 16 años cuando se lo vió por última vez con vida aquel 1 de febrebro de 2009. Aquel día, la policía Bonaerense del destacamento de la comisaría 8va de Lomas del Mirador lo detuvo ilegamente, lo mantuvo secuestrado y lo torturo. Eso fue lo que dictaminó la justicia que en 2015 condenó a 10 años de prisión al oficial Diego Torales por ser el torturador de Luciano. Asimismo, por su desaparición forzada, se investigó a los subtenientes Daniel Vázquez y Oscar Fecter, los subcomisarios Néstor Díaz de Esteban Echeverría y Ariel Herrera y los oficiales Martín Monte, Damián Sotelo, José Márquez y Hernán Zeliz.

En el caso de Santiago Maldonado, se supo que participó del corte de la ruta 40 aquella mañana del 1 de agosto de 2017, junto a integrantes de la comunidad de Pu Lof en Resistencia Cushamen, cuando la Gendarmería, por orden del juez federal de Esquel, Guido Otranto, y con la participación en el operativo del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Nocetti, los reprimió ferozmente, los persiguió ilegalmente por el territorio de la comunidad a fuego limpio, los siguió hasta la orilla del Río Chubut y esa fue la última vez que se lo vió con vida.

A Luciano lo secuestraron y torturaron por negarse a robar para la policía. Esa fuerza a la que apelan los que se espantan cuando crece la sensación de inseguridad y se exige la mano dura. La misma maldita policía que se llevó puesta la vida de decenas de pibes del conurbano. La misma corrupta maldita policía lo desapareció por 5 años y 8 meses, hasta que apareció como NN enterrado en el cementerio de la Chacarita, víctima de un supuesto accidente de tránsito.

En el caso de Santiago la Gendarmería está involucrada indefectiblemente. El acompañar un reclamo histórico contra el saqueo y la vulneración de los pueblos originarios fue perseguido y reprimido. Por ese mismo hecho fue mediáticamente castigado él, su familia y la comunidad mapuche a la que tildaron de terroristas. Por su compromiso fue ninguneado por el Presidente de la Nación que nunca hechó a Patricia Bullrich por la actuación de su fuerza, por la misma Ministra que dijo que no tiraría por la ventana un gendarme; por la “fiscal de la nación” Elisa Carrió que dijo que estaba en Chile y hasta lo comparó con Walt Disney. También por Clarín, Infobae, La Nación, TN, América y todo periodista colaboracionista del macrismo, que inventaron que estaba en Entre Ríos, que lo apuñaló un puestero, y que incesantemente durante los 78 días de su desaparición plantaron todo tipo de pistas falsas. Santiago apareció supuestamente “ahogado” el 17 de octubre de 2017. Con eso quisieron plantear que por no saber nadar perdió su vida y así cerrar la causa. Pero todavía hay muchas respuestas para dar. Porque Santiago no estaba de paseo en el río, llegó allí por la persecución cruente de Gendarmería. Incluso quedan dudas si el cuerpo no fue plantado en el lugar que apareció. Sin embargo, la causa está parada y con un manto de oscuridad.

Luciano y Santiago ya son una bandera. Símbolos de lo que puede hacer el Estado con lo más recalcitrante de su aparato represivo. Aunque quisieramos que no lo fueran, que continuarán sus vidas, que cumplieran con sus sueños y que hoy no tengamos que hablar de ellos como otras víctimas más de la máquina de muerte estatal.