CIBERPATRULLAJE EN ÉPOCAS DE PANDEMIA

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Por Juan Meza

La Ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic, sostuvo que desde el Estado se está realizando ciberpatrullaje para “detectar el humor social” y así poder anticiparse a posibles saqueos. La misma ministra luego se desdijo y admitió el error de sus dichos, pero ya era tarde. El ciberpatrullaje es una realidad heredada con vigencia.

Ley de Inteligencia Nacional, Ley N°25.520 en sus artículo 4to incisos 2 y 3 dice que ningún organismo de inteligencia podrá “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”. Si nos paramos sobre la Ley, el Estado, con Sabina Frederic al mando de la cartera de seguridad, está violando la Ley. Si bien la ley es del 2001, al avanzar los años con la tecnología comenzaron a aparecer grises. Esos grises que en lugar de aclararse, se oscurecen.

La ministra de seguridad, en reunión con diputados, mediante teleconferencia, debido a la cuarentena, admitió que realizar el espionaje a ciudadanos “es estar atentos a las tensiones sociales y a la incitación a cometer delitos como la convocatoria a saqueos. Incluso, es necesario prevenir el grooming”. El ciberpatrullaje, o la persecución estatal en redes, la realizan las tres fuerzas de seguridad nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal y Gendarmería Nacional, en acción y coordinación directa con el ministerio de Seguridad, quien a su vez también tiene personal idóneo para esta práctica, que la es División Ciberdelitos, quienes se encargan de monitorear en tiempo real lo que sucede en redes sociales. Según la antropóloga Frederic, “se hace revisión, no espionaje, de las cuentas públicas de Facebook, Instagram y Twitter, no privadas.”

Está práctica, que apareció en agenda, no es nueva. Un primer paso hacia el espionaje de los ciudadanos fue el Proyecto X, que en 2011, que se llevaba a cabo con Nilda Garré a la cabeza, cuando Cristina Kirchner era presidenta de la Nación. El proyecto X habilita a las fuerzas federales a realizar espionaje ilegal en organizaciones populares. Avanzando en una línea temporal, podemos recordar la cantidad de personas que fueron detenidas por durante el mandato de Mauricio Macri por insultarlo en redes. Por ese entonces (hasta no hace mucho) quien estaba al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación era Patricia Bullrich, y en su periodo se detuvieron a 68 personas por espionaje a ciudadanos en redes. Con el cambio de gobierno en diciembre pasado, quien asumió al mando de esta cartera fue la antropóloga Sabina Frederic, quien heredo el ministerio por parte de Bullrich con todas sus articulaciones, y poco hizo la actual ministra para modificar prácticas y acciones que se realizaban de manera, por lo menos, oscuras. Por contrario, no solo mantuvo esta situación de espionaje ilegal, sino que lo expuso.

El primer caso de detención por ciberpatrullaje en la administración de Frederic, siguiendo el protocolo de Bullrich es Kevin Guerra, quien fue detenido por tuitear “che que onda los que no cobramos el bono de 10mil pesos, sigue en pie lo del saqueo no?”. En declaraciones a la Izquierda Diario, el joven detenido sostuvo que “La DDI me dijo ‘al presidente no le gustó tu tuit’ y ahora estoy procesado”. El joven de Balcarce fue procesado por “delito de intimidación pública”, por lo que la justicia puede llegar a darle hasta 6 años de prisión.

Debido a esta delicada situación, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) solicitó al Ministerio de Seguridad cuales son los marcos legales para llevar a cabo esta práctica de vigilancia en redes sociales. Por ello, la ministra, convocó, también mediante teleconferencia, como lo había hecho con diputados, al CELS, que participo como integrante de Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), junto a  la Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia. También participaron APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), Observatorio de Derecho Informático Argentino, , Defensoría del Pueblo porteña, Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Federación de Carreras de Comunicación Social, Grooming Argentina y Amnistía. Le hicieron saber a la ministra la preocupación por los hechos remarcando que están prohibidas las actividades de inteligencia masivas. La ICCSI interpeló a Frederic “en el caso del ‘ciberpatrullaje’ ni siquiera está claro, porque no ha sido informado públicamente, cómo se está haciendo, si de manera artesanal o con un software, ni con qué herramientas, parámetros o mecanismos de control”.

El gobierno de Alberto Fernández recién comienza. La administración de Frederic en la cartera de seguridad también. Las prácticas de espionaje que se venían realizando no cesaron. El avance de la tecnología, supone una simplificación en nuestras vidas, pero como todo, tiene sus riesgos, y eso lo estamos viendo con este tipo de acciones por parte del Estado. 1984 está cada vez más cerca.

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