Por Juan Meza
En medio de la cuarentena decretada por el gobierno nacional, la Unión Industrial Argentina (UIA), la Central General de los Trabajadores (CGT) y los ministerios de Trabajo y Desarrollo productivo llegaron a un acuerdo en reducir un 25% el salario de les trabajadores industriales. Este fue el puntapié inicial para que gremios como el de comercio, metalúrgicos, textiles y petroleros se sumaran en esta corriente de empobrecimiento del pueblo trabajador.Cundo la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó la pandemia del COVID-19, el gobierno de Alberto Fernández, junto a un equipo especialista del campo de la salud tomaron decisiones rápidas y, hasta ahora, acertadas. Entre ellas la más resonante es la cuarentena que se inició el 20 de marzo. En materia de salud el sistema no colapsó y ese es un punto a favor para el gobierno y para toda la sociedad. En materia económica las decisiones tomadas fueron, al principio, la suspensión de despidos por 60 días, como así también la suspensión de pago de alquileres y servicios como el suministro de electricidad, gas y agua. También decidió aplicar ayudas económicas a jubilados, monotributistas (solo clase A y B), aumentó los valores de las AUH y salario familiar. En un principio las medidas adoptadas fueron celebradas por ese sector de la sociedad que recibieron esa ayuda, pero un Estado que está al borde del default, negociando una deuda impagable, con una fuerte devaluación y una inflación incontrolable es muy difícil que pueda sostenerse en el tiempo dando ayuda a toda la población.
La primer medida del gobierno en favor de las empresas y contra el pueblo es el acuerdo negociado esta semana entre la UIA, la CGT y los ministros Kulfas y Moroni. Dicho acuerdo se firmó para llevar las medidas que se encuentran en él para los próximos 60 días. Los puntos más importantes que se firmaron son que el pago de salarios no podrá ser inferior al 75% del haber neto; el Estado pagará el 50% de los salarios a través del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción; el acuerdo es para empleados del sector privado que hayan sido suspendidos; los acuerdos serán firmados entre el sindicato y la empresa. Por su parte, Armando Cavalieri, el titular eterno del Sindicato de Empleado de Comercio (SEC), que tiene 1.200.000 trabajadores afiliados, acordó con la Cámara Argentina de Comercio lo mismo que su par de la UIA. Reducción del 25% del salario de les trabajadores suspendidos que no hayan realizado tareas en los meses de abril y mayo. Esta medida es retroactiva al 1 de abril y es hasta 60 días.
En declaraciones a este medio, Matias Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, contó que “el acuerdo es muy preocupante, es un aval a las reducciones salariales de un 25%, lo que en este contexto es absolutamente contradictorio, hasta con la finalidad sanitaria del aislamiento”. Y agregó “los salarios ya están devaluados, porque no hubo paritarias de aumento en el 2020, es decir que ya sufrieron una reducción en términos reales por la pérdida del poder adquisitivo de todos estos meses”. Para Matias Cremonte cuando la cuarentena termine habrá medidas judiciales por la gravedad que existe en este acuerdo y para él estos acuerdos son totalmente sorprendentes por las medidas que había tomado el gobierno en favor de los trabajadores al principio de la cuarentena y las ayudas a las Pymes.
Quien salió al cruce por estas medidas que se tomaron sin consultarle al pueblo trabajador fue la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA). En un comunicado expresaron su descontento “Ante la firma del acuerdo entre la CGT y la UIA, la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) manifiesta su absoluto rechazo, pues tiende a la negociación colectiva a la baja, sin condiciones y a colocar al trabajador en estado de indefensión.” Y sigue “La emergencia no es motivo suficiente como para anular la consulta y la participación de otras entidades de trabajadores y empleadores que estamos en condiciones de efectuar aportes para encarar la difícil situación por la que atravesamos. En este camino, se concentran las decisiones en unos pocos y se deteriora el sistema democrático.”.
Este acuerdo se llevó a cabo a espaldas del pueblo trabajador, ocultándole lo que se estaba por firmar. De hecho se debatió y se llegó al puerto deseado por el gobierno, la CGT y la UIA en la misma reunión. Esto demuestra que cuando las voluntades están, la burocratización de los procesos se pueden obviar, como cuando se discutía paritarias, que se iniciaban conversaciones a principio de año y hasta casi mitad de año no se implementaban, mientras la inflación subía (como ahora) y la moneda se seguía depreciando culpa de la devaluación generada por el gobierno de turno, junto a los especuladores de siempre. Otro punto de comparación lo podemos hacer con el tratamiento que se le está dando al proyecto de ley para una quita excepcional de un porcentaje a las grandes fortunas del país, que está por entrar al recinto del Congreso de la Nación. La presidenta del Senado de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que avalara que el senado pueda sesionar de manera virtual el tratamiento de este proyecto de Ley. Para ello, desde que la ex presidenta envío el pedido a la Corte y la Corte respondiera que el Congreso es un ente autárquico, por lo que puede poner sus propias normas, dentro de la ley, pasaron dos semanas y el proyecto aún sigue sin tratarse, por lo que todavía las personas que tienen la mayor riqueza del país, siguen gozando de sus fortunas, mientras al pueblo trabajador se le reduce el salario un 25%.
Esta reducción hará caer a más familias en la pobreza. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC), en marzo, para que una familia tipo (matrimonio y dos hijes) no caiga por debajo de la línea de la pobreza debe tener un ingreso de $41.994. Con esta reducción del salario, muches trabajadores se verán afectades y pasaran a ser parte del amplio universo de pobres en la Argentina que ya cuenta con 16 millones de personas. Para el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) el gobierno de Macri dejó alrededor de un 40% de pobres en todo el país.
Para comentar debe estar registrado.