“UN ESTADO DE DESPROTECCION ABSOLUTO”

Por Clara Montenegro

La Asociación de Trabajadores del Estado en capital (ATE Capital) en conjunto con la Unión de Trabajadores por la Educación presentaron ayer un informe técnico-político sobre la situación de crisis que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires en tiempos de COVID-19, pero con resultados de 13 años de abandono en materia del Gobierno de la Ciudad. Con puntos muy específicos, el informe desglosa las falencias estructurales de la ciudad con un denominador común: un estado de desprotección absoluto.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una de las localidades más golpeadas por el coronavirus. La falta de insumos y el incumplimiento de los protocolos agrava aún más la situación que las y los trabajadores denuncian. Con un compromiso solamente propagandístico, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, incumple una medida dictaminada por la justicia y obtenida por el esfuerzo de los trabajadores: entregar los elementos de protección y elaborar un cronograma de entrega. Dentro del informe hay una serie de puntos que detallan la situación de crisis que atraviesa la ciudad en distintas materias:

Salud: Desde que el macrismo se instaló hace 13 años en la ciudad, los trabajadores del área de sanidad reclaman el abastecimiento de insumos. Si hace 13 años los vienen exigiendo, aún más en tiempos de pandemia. Es así que tuvieron que recurrir a un fallo judicial para obligar a Larreta que cumpla con este requerimiento que debiera estar garantizado. Por otra parte, en la ley de Emergencia Económica y Financiera, el jefe de gobierno porteño dictaminó el congelamiento de vacantes en puestos de trabajo con lo cual obliga al personal a tener que trabajar el doble y prescindir de sus días de descanso para poder cubrir con las necesidades existentes.

Paradores de familias y adultos: Desde que inició la cuarentena preventiva y obligatoria, estos espacios cuya función es albergar a personas en situación de calle detuvieron sus ingresos, es decir no admiten más personas que las que ya están fijas en estos establecimientos. Por otra parte, una de las problemáticas es que necesitan fortalecer las herramientas para sostener y abordar a éstas personas que se alojan en estos lugares. Algunos se fueron y quedaron espacios disponibles que desde ATE Capital proponen ponerlos a disposición de gente testeada que esté en condiciones de ser alojada y no poner en riesgo al resto de la población.

Hogares de Tercera Edad: Denuncian la precariedad de la infraestructura de estos hogares, la falta de personal y el escaseamiento de productos esenciales que conllevan a la ruptura de la cuarentena y la exposición de éste grupo que es de alto riesgo ante el coronavirus.

Dispositivos en territorio: Desde ATE se viene denunciando un modelo de gobierno que profundiza la desigualdad en la ciudad, desde el acceso y la calidad de transporte, los espacios verdes, las ofertas culturales, la educación y la salud como puntos fundamentales, así como en la insuficiencia de políticas de vivienda y asistencia social. El sindicato de UTE denuncia que el gobierno porteño repliega al mínimo la presencia de sus instituciones en los barrios empobrecidos, los cuales se dan únicamente a través del CeSAC y el Instituto de Vivienda de la Ciudad. Las y los trabajadores de estos dispositivos no disponen de los equipos de protección personal ni de protocolos sanitarios. En cuanto al acompañamiento de víctimas de violencia de género en las villas, los recursos se ven limitados telefónicamente, ante esto no existen instancias convocadas por la gestión porteña para planificar nuevas modalidades y políticas públicas integrales ante la emergencia para el acompañamiento y contención de ésta población.

También señalan que el responsable directo de la falta de agua en la Villa 31 es Diego Fernández, el secretario de Integración Social y Urbana del GCBA, que en el 2018 despidió a 60 trabajadoras y trabajadores de dicha secretaría como represalia por su afiliación en ATE Capital. Denuncian que el funcionario tuvo negociados con empresas privadas y forma parte de un clientelismo político que demoró y complicó los avances del proyecto de urbanización de la 31.

Violencia de género: En este punto, alertando que la violencia de género incrementó entre un 30 y un 40% en los últimos años y que a nivel nacional ya son 42 los femicidios durante la cuarentena. También remarcan la preocupación por la falta de atención a mujeres que se ven expuestas a cumplir el aislamiento obligatorio junto a su agresor; así como la disminución sustancial en las redes de contención para mujeres lesbianas, trans y travestis. Para hacerle frente a esto proponen cinco puntos que son necesarios reforzar para sobrellevar la situación durante la crisis sanitaria:

– El acceso a la atención, refugios, casas de medio camino y el aumento de plazas existentes para realizar el aislamiento obligatorio.

– La ayuda económica a mujeres víctimas de violencia en el marco de la pandemia.

– Los programas de atención psicológicos que trabajan con varones violentos.

– Con respecto a la población travesti y trans es necesario aumentar la asistencia en todos los aspectos debido a la alta precarización laboral, habitacional y alimentacional que se ven sometides y el nulo acceso a la salud que pone aún más en riesgo su vida.

– La necesidad de rejerarquizar a la Dirección General de la Mujer para que cuente con las herramientas para abordar las situaciones de violencia contra las mujeres y amplíe su atención a la población LGBTIQ+.

Alimentación: Este punto se centra en la entrega quincenal de bolsones de alimentos en las escuelas del distrito porteño. Evidencian que ninguna de las entregas de alimento cumplió con los valores nutricionales necesarios y que además excluyeron a los niños, niñas y adolescentes que no tienen la beca alimentaria. De los operativos de entrega participa el personal docente, auxiliares de la institución y agentes de prevención del delito que no recibían los elementos de protección personal por parte del Gobierno de la Ciudad. Destacan que no se entregaron los cuadernillos elaborados por el Ministerio de Educación de la Nación sino los impresos por el de la Ciudad que tienen gran contenido publicitario del GCBA.

Derechos laborales en épocas de pandemia: Desde ATE Capital destacan la necesidad urgente de las licencias para el personal que forma parte del grupo de riesgo, que siguen trabajando presencialmente en las instituciones, además solicitan una ampliación de los cupos en el sector de salubridad para los cuales todavía no recibieron una respuesta. A su vez hay una complejidad para quienes forman parte del personal presencial y viajan en transporte público, lo cual no sólo aumenta el riesgo de contagio, sino que también dificulta la llegada en los turnos nocturnos por la disminución de la frecuencia de los servicios de transporte. Denuncian la figura ambigua del “voluntariado” que impulsó Horacio Rodríguez Larreta que convocaba a trabajadoras y trabajadores a cumplir tareas para las cuales no estaban capacitados y si bien se las presentó como “optativas”, a gran parte del personal del Estado fue amedrentados para que cumplan con estas tareas, llegando a la amenaza del despido. En este marco, el gobierno porteño creó el programa “Servidores Públicos en apoyo a las acciones de concientización, distanciamiento social y cercanía a los ciudadanos”, implementada por el gobierno. Esta no cuenta con un protocolo de prevención, equipos de protección para quienes formen parte, el cual sólo es una excusa más para sacar a trabajadores a la calle y exponerlos al contagio.

Este informe es un resumen del estado de crisis que vive la Ciudad desde la llegada del macrismo y ahora con la continuidad de Horacio Rodríguez Larreta. La pandemia sólo puso en evidencia el estado de desprotección y abandono por parte del GCBA. Falta de insumos, desfinanciación de programas, incumplimiento de protocolos, son la cara más cruda del distrito más rico del país y la fórmula perfecta para la propagación del virus a gran escala. Desde ATE Capital en coordinación con UTE, siguen luchando para garantizar las políticas públicas pertinentes para hacer frente a semejante desidia que se vive en la ciudad.