Por Medina, Ana E.(*) para Ancap
En una escuela primaria de la provincia de Santa Fe, una nena de 12 años, le cuenta a su Seño que estaba embarazada, que había sido un tipo grande, de 30 años, le cuenta que estaba siendo abusada y que sufría maltrato por parte de su familia.
La maestra primero la escuchó, luego la contuvo, luego la cuidó, la acompañó en todo momento, como hacemos les docentes, porque somos docentes y para eso estamos.
“Vanesa acompañó de manera comprometida, cumpliendo su función docente como dispone el decreto 2.288, inició un protocolo, acompañó a una niña, declaró en fiscalía como testigo y dos meses después terminó muerta”, declaró en el juicio la abogada querellante Carolina Walker Torres.
Les docentes garantizamos los derechos de nuestros y nuestras estudiantes, educando en ESI, interpretando sus carencias, sus dolores, sus problemas, empatizando con el ánimo que traen cuando atraviesan la puerta de la escuela, entendiendo sus opresiones, y las violencias que viven, porque también las vivimos. Y las combatimos. Educamos en la defensa de los derechos más esenciales.
Vanesa Castillo, maestra de primaria en Alto Verde, fue asesinada a la salida de la escuela, con 16 puñaladas en la espalda, por Juan Ramón Cano de 30 años, quién fue condenado a prisión en el pasado. Este sujeto, cumplió una condena de tres años de prisión efectiva en la cárcel Coronda entre 2014 y 2017, sentenciado por el juez Norberto Nisnevich por una serie de delitos: abuso sexual simple, portación de arma de fuego de uso civil y robo en grado de tentativa.
El violador había quedado en libertad en enero de 2018, un mes antes de perpetrar el femicidio de Vanesa.
El pasado 22 de septiembre, Cano fue condenado a cadena perpetua bajo el cargo de “homicidio triplemente calificado por ser cometido con alevosía, ensañamiento y por mediar violencia de género”, dos años después del femicidio de Vanesa. Se trata de la primera condena en la provincia por un femicidio “no íntimo”, ya que el agresor y la víctima no se conocían. Es uno de los pocos casos a nivel nacional con esta figura penal y la querella lo considera un avance en la lucha feminista por una perspectiva de género en los estamentos judiciales y porque las investigaciones fueron llevadas a cabo, desde el inicio, con agentes especializados en violencia de género.
¿Pero se hizo justicia?
En Santa Fe se esperaba que la Cámara Baja conformara la Comisión Especial para la Protección del Niño, Niña y adolescente, de acuerdo a la Resolución Nº 1274. En esta espera transcurre el femicidio de Vanesa, asesinada luego de denunciar el abuso sexual a una de sus alumnas y estando en esa lucha fue abandonada por el Estado en cumplimiento de su profesión docente.
Las diputadas, Lucila De Ponti, Agustina Donnet y Erica Hynes integraron la comisión designada en diciembre de 2019.
Pero a Vanesa toda esta espera le costó la vida.
Después del femicidio, el Ministerio de Educación junto con los gremios de Santa Fe, acordaron un protocolo para las denuncias sobre casos de vulneración de derechos de la niñez.
En Argentina, se violan leyes y se violan niñas. Las niñas violadas, son obligadas a parir. Se violan las leyes que deben garantizar que se les aplique la ILE (Interrupción Legal del Embarazo). Las viola primero el misógino y las viola luego el Estado machista y las Iglesias pederastas. Incumplen las leyes los Ministerios de Salud pisoteando leyes y protocolos, y sus funcionarios por objeción de conciencia o simple omisión (incumplimiento de funciones públicas).
Las violan las cámaras que dilatan y desoyen proyectos y los políticos que dicen defender la vida.
En la Argentina, más de la mitad de los casos de abuso a niñes suceden en sus hogares, sólo el 47 % está entre los 6 y los 12 años. El otro 28% va de 0 a 5 años de edad y el resto tiene entre 13 y 17 años. (Fuente: https://www.argentina.gob.ar/abusosexualinfantil/estadisticas)
Demostrar el vínculo entre la denuncia por abuso sexual y el femicidio de Vanesa no parece ser algo simple, ya que la querella recibió amenazas por parte de la fiscalía regional cuando solicitó tener en cuenta las escuchas de Vanesa sobre el caso (se puede ver aquí https://www.youtube.com/watch?v=omxyrw8iluU&t=7s).Tampoco se permitió ampliar la declaración del acusado luego que éste declarara que sólo fue un sicario, que se trató de un crimen por encargo. Menos aún se dan explicaciones de porqué, aunque se obtuvo el celular de Vanesa, los peritajes no se lograron por no poder desbloquearlo. Otro ejemplo de la impericia es que se tardaron meses en lograr los allanamientos y la reconstrucción del hecho.
La Ley Vanesa
La familia de Vanesa sigue exigiendo investigación en busca de verdad y justicia. La sociedad debe seguir exigiendo justicia por Vanesa y por todes les que seguiremos protegiendo a nuestres estudiantes y cumpliendo con el rol que elegimos al convertirnos en docentes. Rol de garantes de derechos que llevamos adelante con orgullo, pero soportando las persecuciones y acosos de directives o familias antiderechos, y recibiendo poco resguardo por parte de los sindicatos.
La Ley Vanesa, es un proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe en 2019, para el que se están juntando firmas a fin de que se sancione (acceso al petitorio aquí https://forms.gle/TKmPNdXFPwExc1iw7).
Esta Ley, obliga a que el Estado brinde garantías a les agentes estatales que cumplen con su deber de informar la vulneración de derechos. Impulsada por su familia, por la Asociación Civil Democracia Directa y el apoyo del gremio docente en Rosario, Amsafé, este proyecto de ley, busca que les docentes dejemos de arriesgar nuestras vidas cada vez que una estudiante nos llega abusada, violada o violentada, porque debemos denunciar y lo hacemos. ¡Y no dejaremos de hacerlo!
(*) Docente. Profesora de Comunicación, integrante de la Red de Docentes por el Derecho al Aborto.