Aldana había tenido un aborto espontáneo. Eso fue lo que anunció ni bien llegó al hospital. En lugar de acceso a la salud, lo que recibió a continuación fue una tortura. Se hizo caso omiso del pedido de la joven, y aunque este después se transformó en súplicas y en los reclamos de su madre, no hubo manera de que el personal desistiera del parto natural.
Por Melina Sánchez para Ancap
Este lunes por la mañana, en Tartagal, Salta, se dieron cita miembros de Comunidad La Puntana, activistas y organizaciones de derechos humanos y pueblos originarios como el Foro de Mujeres por la igualdad de oportunidades y la APDH, para radicar la denuncia por la muerte de Aldana Quico el pasado 13 de enero en el Hospital Juan Domingo Perón de esa ciudad. La joven ingresó a la institución habiendo sufrido un aborto espontáneo, pidió se le realizara una cesárea, pero el personal a cargo entre los cuales la familia menciona al Doctor Parra hizo caso omiso del pedido.
Integrantes de la comunidad a la que pertenecía la joven, y de otras tantas, denuncian que este no es un caso aislado, sino que forma parte de los muchos casos de discriminación racial que se observan en esta región. En circunstancias en donde las pacientes portan la condición de ser mujeres e indígenas –particularmente wichís-, la falta de abordaje intercultural del acceso a la salud que se correspondería con la presencia de intérpretes de la lengua, y de enfermeras, enfermeros, médicas y médicos indígenas en los hospitales regionales, junto con tratos que respeten la cultura de las pacientes, cosa que supondría un estado presente para brindar capacitación en el tema al personal de salud de las regiones con alto porcentaje poblacional originario, da cuenta de un racismo estructural en esa zona del NOA que aunque a veces intente esconderse con discursos de corrección política, en el fondo termina por expresarse tarde o temprano en su naturaleza discriminatoria. Aquí se da entonces un ejemplo donde la atención debiera hacerse desde la interseccionalidad, en lugar de eso a las mujeres se las discrimina no solo por género, sino también por ser pobres e indígenas.
Aseveran que además de que estas prácticas son habituales también consisten en una especie de aleccionamiento o castigo, en caso de la ligera sospecha de que las pacientes hubiesen practicado el aborto, el hecho de que un médico objetor de conciencia no acceda a practicar la cesárea funciona a modo punitivo. Incumplen estas situaciones con la Ley vigente de parto humanizado 25.929 sancionada en 2004, y con la Ley 26.485 donde se contempla que las mujeres están protegidas de la violencia obstétrica, que implica: el trato humillante por parte de personal sanitario, el abuso de medicalización y/o la patologización innecesaria. El delito de lesiones, figura penal en la que podrían incurrir los profesionales de la salud y sus auxiliares en casos de violencia obstétrica, se sostiene en el artículo 89 del Código Penal de la Nación que castiga con pena de prisión al que causare a otro, en el cuerpo o en la salud, un daño que no esté previsto en otra disposición de este Código.
El día 13 de enero un medio local difundió por redes sociales un video donde puede observarse a la familia luego de cargar el cajón donde iban la joven y su bebé, relatar que los médicos no trataron bien ni a Aldana, ni a su madre ni a otros familiares. En la denuncia que se pudo radicar esta mañana el abogado relata que la joven pasó muchas horas, casi un día, de agonía, aun habiendo avisado que había sufrido un aborto espontáneo, ni el personal de salud, enfermeros ni médico a cargo, respondieron a los reclamos de la madre y tía de Aldana, la joven se estaba muriendo, avisaban. En la denuncia se pide a la justicia se investigue a dos doctores en concreto, el Dr Parra Marín, a cargo al momento del fallecimiento de Aldana y a la obstetra que hizo los controles en los meses previos, la Doctora Palacios. Que se investigue como violencia obstétrica con perspectiva de género y discriminación cultural. Lo cierto es, que este tipo de circunstancias por las que pasaron Aldana, su familia y su comunidad, son cotidianas, están invisibilizadas y dan cuenta de que el racismo es idiosincrático en la región, por lo que se requiere un cambio de paradigma porque de otro modo serán todavía más vidas las que se cobrará allí donde los médicos no cumplen con su rol de efectores de salud y las salas de nacimiento, para las mujeres racializadas, se convierten en antesala de la muerte. En la misma semana lamentamos también el asesinato de la niña Julia –Pamela-Flores, a quien hallaron varios días después de su desaparición, con signos de haber sido violada y asesinada, a la vera de la Ruta Nacional 81 en el camino entre Tartagal y Formosa. Dos adolescentes mujeres indígenas, dos cuerpos violentados, sin derecho a decidir, dos femicidios. En territorio wichí, las vidas de niñes y mujeres parecen no importar, al cierre de esta nota, nos llega otra triste noticia de que otro bebé wichí ha muerto.