Por Melina Sánchez para ANCAP
Más de trescientos niñes del Barrio 1ero de Noviembre, en La Matanza, se quedaron en la madrugada de este domingo, sin merendero.
La policía, que de día llega a acuerdos con los vecinos del barrio acerca del acceso al predio recuperado, de noche les quemó el merendero que se encontraba en Cristianía y Ruta 21. No es la primera vez. En diciembre sufrieron una escalada de violencia policial, que culminó la mañana del 25 de diciembre con la quema de varios de esos merenderos y casillas. El Jefe Departamental, de apellido Mamani, es el que los vecinos señalan como el responsable institucional de este suceso.
Los merenderos no reciben ayuda oficial ninguna. Cada familia del barrio aporta lo que puede de sus propios ingresos cuando los tiene, “lo poco que tienen lo comparten” y con eso todos los días se prepara una merienda y una cena. Al momento de la quema había arroz, fideos, elementos de cocina, mesas, sillas, rosquitas que habían preparado la noche anterior para el día siguiente.
Los niños necesitan contención, ya se ha pedido la asistencia psicológica, dado que no es el primer hecho de violencia institucional y policial que padecen, y varios de ellos son muy pequeños. La escuela más próxima está a treinta cuadras. Esa es la escuela a la que asiste toda la niñez del barrio. Pero hay niños discapacitados que están en completo abandono, lo mismo que los ancianos.
Es mucha la desprotección en la que se encuentra la gente que sueña con tener otra vida en esas tierras. Al lugar llegan muchas mujeres, huyendo de situaciones de violencia familiar extrema. Llegan allí, porque no hay otro lugar al que puedan ir. El barrio es una posibilidad para ellas, y el merendero era el lugar donde sus niñes podían comer todos los días.
No hay baño en el lugar. Recién ayer pudieron armar uno. En el predio tampoco hay agua potable. El agua corriente está contaminada. Ya se ha hecho el pedido al municipio, pero no pasa nada.
El 26 de enero los vecinos habían acordado con el Secretario Municipal, Gustavo Dutto tres puntos que todavía no se cumplieron:
1- Que se vincularía al merendero con Desarrollo Social, para que por medio de este organismo se asistiera a los niños del lugar con mercadería para ayudar al sostenimiento del único merendero que quedaba en pie de los cinco que hubo en algún momento y con útiles escolares para el comienzo de clases.
2- Que se llevaría a cabo la delimitación catastral de los terrenos en cuestión.
3- Que se llevaría a cabo una mesa de diálogo de la que participarían Nación, Provincia, Municipio, los vecinos del Barrio 1ero de Noviembre y los supuestos dueños del predio que al parecer serían varios sindicatos. (Los vecinos se acercaron a hablar con referentes de alguno de esos sindicatos, que les dijeron que no tenían problema en participar de la reunión y arbitrar medios para que ellos ocupen el predio pero que el municipio debía propiciar tal reunión.
No solo no se expide el gobierno municipal en torno a la mencionada mesa de diálogo sino que uno tras otro genera este tipo de hechos violentos que se repitieron durante todo el verano en distintos barrios aledaños que tienen parecidas características, como lo son los del Kilómetro 34 y La nueva unión, que fueron reprimidos hace un par de meses y que también vienen dando una larga pelea por el derecho a una vivienda digna. El conflicto por tierras en La Matanza, el municipio más grande del Gran Buenos Aires, no es nuevo, ni aislado, tienen en él responsabilidad directa quienes están a cargo de la implementación de las políticas públicas y de la aplicación de legislaciones específicas, como lo es en particular la Ley de acceso a la vivienda digna Número 14.449, entre otras. Ya una nota de La Izquierda Diario con fecha del 27 de julio de 2016 señala a La Matanza como “un espacio territorial de importancia política: extensión geográfica, elevado índice demográfico, una red de comunicación metropolitana y peso electoral decisivo.” De acuerdo con el Censo de 2010, además podemos decir que tiene una población que asciende a 1.775.816 habitantes.
Por lo dicho, cualquier postergación en torno al arbitrio de los medios concretos para la aplicabilidad de tal ley, es ilegal y va contra el bien de la comunidad, tal como lo han denunciado los vecinos en reiteradas oportunidades en asambleas, reuniones con el municipio y los medios, y tal como expresa la ley misma, de la que aquí copiamos el link: https://normas.gba.gob.ar/documentos/B3mgaUj0.html Por supuesto que también la situación actual de los vecinos del Barrio 1ero de Noviembre es violatoria de varias legislaciones que tienen como objetivo proteger a la niñez, su acceso a la educación y a la salud, a las mujeres contra la violencia de género, etc, no solamente no lo hacen sino que generan repetidas veces hechos de violencia institucional inusitada que llegan incluso a situaciones en donde se observa a varias policías golpeando e intentando quemarle el pelo a una de las mujeres del barrio, es decir, se redobla la apuesta y quienes cometen violencia de género explícita en términos físicos, esta vez son los agentes de la misma institución.
De la escalada represiva que sufrió el barrio entre el 8 y el 25 de diciembre, resultaron, una asamblea con organizaciones políticas y de derechos humanos que se realizó la tarde del 26 de diciembre en el predio, una marcha al municipio, el día 28 de diciembre, el compromiso del secretario Gustavo Dutto de una mesa de diálogo que nunca se hizo. Hay que decir entonces que las cosas siguen igual o peor que en diciembre.
Quienes conformaron el Barrio 1ero de Noviembre son en su mayoría “vecinos, hijos y nietos autoconvocados del Barrio 22 de enero”, nos dice una vocera del barrio, Sara. El Barrio 22 de enero tiene décadas de existencia, sin embargo no aparece en Renovar, es decir, que la gente que vive en el 22 de enero no puede acceder por ejemplo a la ayuda social “Mi pieza“. En la zona hay hacinamiento, necesitan vivir en esas tierras que ocuparon, no las quieren gratis, tampoco pueden pagar un plan que les exija tres sueldos básicos porque no los tienen. Un plan razonable para su bolsillo están dispuestos a pagar y lo vienen pidiendo hace tiempo al municipio y a distintos organismos.
¿Para qué serviría ese predio si no es para las viviendas de los vecinos que más necesitan? Cualquiera de las partes interesadas en esas tierras, piensa en hacer viviendas, los sindicatos que las autoridades municipales nombran como los dueños desarrollarían un plan de viviendas para sus afiliados, por otra parte lo que también se habla es sobre la creación de un Parque habitacional, al que claro, adultos y niños del actual Barrio recuperado 1ero de Noviembre, no tendría acceso.
La gente aquí está muy desamparada. Su situación habitacional y la violencia institucional que se ejerce desde municipio y policía, los dejan a merced también de otros actos de violencia como los de quienes viven en el barrio privado que está próximo al predio y los del personal de seguridad del Club 19 de mayo también próximo al predio. En los hechos de hostigamiento, los vecinos han constatado que quien hace la seguridad privada del club acompaña a los policías. Es demasiado el hostigamiento policial hacia los vecinos que intentan vivir en el predio porque otro lugar no tienen. A plena luz del día pasa un patrullero increpando a uno de los habitantes del barrio que lleva de la mano a sus hijitas: “este es un gato de los que están usurpando ahí.” A lo que el joven queda mirando a los policías y estos amenazan: “¿qué mirás, querés ir en cana?” Forma parte también de estos hostigamientos el intento de que los vecinos del Barrio 1ero de Noviembre firmen el Artículo 60, les querían hacer firmar una causa por usurpación donde ellos mismos tenían que llenar los datos (nombre, apellido) para la cual no había testigos.
Esta mañana dos patrulleros impidieron el acceso al predio, y que se tomaran fotos, informaron que hay una cautelar en el predio y que no se puede innovar. La Comisión contra la tortura denunciará los hechos. En los próximos días se está convocando a una actividad para rodear de solidaridad a los vecinos.
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