Por Petra Mutterlich y Aldonsa Lorenzo para ANCAP
San Antonio de Areco, “Cuna de la tradición”; querencia de “Segundo Sombra”; hogar de ilustres familias propietarias que ostentan títulos de grandes extensiones de campo; tierra de próceres burgueses de la catadura de Vieytes y Zapiola. Con su pulpería “La Blanqueada”; su “Parque Criollo”; su “Museo Güiraldes”; su “Plaza Ruiz de Arellano”; sus lujosos hoteles y hospedajes; sus estancias turísticas; sus prósperas commodities y su alternancia democrática; sufre, al igual que casi todos los pueblos del país, el flagelo de la problemática habitacional. Sí, cientos de familias oriundas y/o forasteras (sobre una población de poco más de 30.000 habitantes), ven mes a mes desangrarse sus módicos ingresos por la herida abierta de los exorbitantes alquileres y las condiciones imposibles que imponen los propietarios (sin hijos o con no más de uno entre otras). Otras tantas se amontonan en casas de familiares, privadas de intimidad y expuestas a los roces que genera la convivencia en espacios inadecuados. A la par, otra cara de la misma moneda: cientos de viviendas ociosas (algunas en estado de abandono) y miles y miles de hectáreas dedicadas al extractivismo y la especulación inmobiliaria. Como emergentes de esta situación, un puñado de mujeres con criaturas, marginadas por el sistema, sin otra alternativa que ocupar para vivienda el edificio central de la estación de trenes (durante décadas abandonado), las que deberán afrontar un inminente desalojo ordenado por la “justicia”.
Arrojadas del lugar donde alquilaban en plena pandemia-cuarentena, Paola y sus dos hermanas buscaron refugio, para ellas y sus criaturas, en la derruida edificación que antaño viera transitar sobre sus pisos de pinotea infinidad de viajeros. Urgidas por la necesidad de una vivienda, habitan la estación en condiciones precarias desde hace dos años, sin que los organismos estatales que tienen la obligación de asistir en estos casos, lograran encontrar una solución al drama que padecen estas tres mujeres trabajadoras del matadero local. Dos años en los que solo tuvieron asistencia del vecindario solidario, mientras las Secretarías de Hábitat, Desarrollo Social y Minoridad, brillaron por su total inoperancia, al igual que las fuerzas de seguridad quienes les realizaron cinco allanamientos con resultados negativos.
Sobre estos sucesos, Paola relata “Minoridad sí vino, para ver como andaban los nenes después de los allanamientos que nos hacían, porque tuvimos cinco allanamientos en que buscaban drogas, armas, motos, bicis robadas, todos dieron negativo, nunca encontraron nada. Se presentaban después de los allanamientos o en el momento del allanamiento, pero después no vinieron mas.” Y continúa “Desarrollo Social se presentó, también, algunas veces… Pero nada, nunca con una solución. La única solución que nos daban eran seis mil pesos para ir a alquilar; que hoy en día no alquilás nada con seis mil pesos, ni una pieza con baño, nada.”
Pese a todo, Paola reconoce la solidaridad de la gente del pueblo, que desbordando el burocratismo imperante hace llegar su ayuda, humilde pero concreta. “Tuvimos muchas personas que nos han ayudado. Nos ayudaron con mercadería, ropa, calzado; esas cosas, que no eran del municipio, era gente de Areco. Del municipio no nos dieron ninguna respuesta.”
Para retratar la dificilísima situación que deberán afrontar a causa del inminente desalojo solicitado a raíz de la postergada vuelta del servicio de trenes, esta joven mujer nos lanza como botón de muestra “Acá somos tres hermanas y cada una tiene cuatro hijos…”, y ante esta afirmación cabe preguntarse ¿Así resuelve el Estado el creciente problema habitacional?
Porque es de destacar que, a pesar de todas las maniobras de la Secretaría de Seguridad para sacarle el cuerpo al problema; alegando que el desalojo que amenaza a estas mujeres y sus criaturas será puesto en marcha por fuerzas federales; de concretarse esta acción las mujeres se verán otra vez desplazadas a las calles del pueblo de San Antonio de Areco, y seguirá siendo responsabilidad del municipio encontrar una solución que restituya a estas personas su derecho vulnerado a una vivienda.
Pero observando el proceder nada empático de las diferentes áreas del municipio en estos dos años, tanto con Paola y sus hermanas como con otras familias de la ciudad, lo que se viene es presumiblemente, más indiferencia y abandono.