Por Orlando Aguero
Los sectores financieros que habitan la city porteña empujan al Gobierno Nacional para profundizar la devaluación de la moneda en un cincuenta por ciento. Entre tanto, el pueblo trabajador organizado en los movimientos populares y centrales obreras dirimen en la calle el futuro inmediato de nuestro país.
En esta misma noche, luego de una movilización gigantesca, se instaló un acampe de organizaciones sociales en la Plaza de Mayo y en diferentes puntos del país. El reclamo, insiste en un aumento de los salarios de lxs trabajadorxs en general, incluídxs lxs del programa Potenciar Trabajo. También un bono de veinte mil pesos para paliar el difícil momento económico. Este sector es el referenciado como Unidad Piquetera, conducido por el Polo Obrero, Barrios de Pie y un conjunto de movimientos. Sin embargo, no son el único sector que se moviliza en respuesta a la inestabilidad económica que azota al pueblo de nuestro país. El siete de agosto pasado una gigantesca movilización de sectores populares nucleados en UTEP, y que apoyan al gobierno de Alberto y Cristina Fernández, realizaron una gran marcha desde el Santuario de San Cayetano de Liniers hasta el centro de CABA, bajo la consigna Techo, Tierra y Trabajo. En este espacio de organizaciones, un sector lucha por un Salario Básico Universal y otro moviliza por la situación crítica de sus compañerxs pero para acompañar al gobierno nacional. Por otro lado, sectores de movimientos populares que no se enrolan en estos dos grandes bloques, como el Frente Popular Darío Santillán, el FOL, el MTD Aníbal Verón y otras organizaciones, también vienen desarrollando una cantidad de intervenciones callejeras denunciando a los formadores de precios por los desmedidos aumentos en los principales productos de consumo masivo y por la reducción de las horas de trabajo para poder generar empleo genuino.
Incluso por presión de sus propias bases, la CGT anunció una movilización para el 17 de Agosto, que aún hoy está en duda.
Es decir, que todo este movimiento por abajo es producto directo de la aplicación de las medidas de recorte económico que viene imponiendo el FMI al gobierno argentino. En este último tiempo hemos vivido fuertes movimientos, o sacudones drásticos dentro de los cargos más importantes del ejecutivo nacional. En tan solo treinta días tuvimos tres ministros de economía. Vivimos una fuertísima corrida cambiaria que incidió profundamente en los precios de la canasta básica de alimentos, debido al sistema bimonetario al que adscriben los sectores de poder vernáculos.
Un gobierno que comenzó con el título de “progresista”, hoy se reafirma como “conservador”.
La asunción del Frente Renovador de Sergio Massa, es la ultima oportunidad que los sectores financieros, agroexportadores, gobernadores peronistas y el FMI, le dieron al gobierno de coalición de Alberto y Cristina Fernández. Es decir que un gobierno que comenzó diseñado por Cristina Fernández y que continuó dando lugar para la construcción del espacio político del “Albertismo”, sobre la etapa final de su mandato asume un posicionamiento más tradicionalista en términos políticos acerca de medidas de “austeridad” hacia abajo. Es el massismo, el sector político avalado por los sectores del poder concentrado, para llevar adelante las medidas que el FMI le exige al gobierno argentino. Un botón de muestra de esta situación es la presencia, en el esquema de Massa, del movimiento productivo argentino, otrora organización liderada por Eduardo Duhalde. Un nombre que siempre se escucha cuando las presiones de los organismos internacionales de crédito acorralan a la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras.
Es esta inestabilidad económica-político e institucional, la que nos muestra como hace agua el gobierno nacional. Hoy se encuentra en su ultima oportunidad de terminar el mandato para el cual fue elegido.
En este cuadro, la línea estadística solo es una flecha hacia abajo.
Por más que los sectores cooperativistas hayan conseguido (en el cobro pasado) un bono de once mil pesos, y que hoy el ministro de economía anunció un aumento del 15% y un bono de siete mil pesos para los jubilados y jubiladas, estas medidas no dejan de ser un pequeño parche que no logra tapar la rotura que el salario viene padeciendo frente a la tremenda inflación y la falta de precios de referencia en supermercados y comercios de barrio.
En pocos días se estaría realizando el Consejo del Salario, para establecer un nuevo piso del Salario Mínimo Vital y Móvil. Esta reunión se estaría realizando el 18 de Agosto. Los aumentos que se logren en ese espacio no tendrán ningún efecto si no están en consonancia con quienes forman los precios, con quienes aumentan el precio del dólar y quienes generan el nivel inflacionario récord por el cual atravesamos. Lo cual quiere decir que no habrá ningún buen futuro inmediato para los sectores que dependemos de un pequeño ingreso fruto del trabajo. Estamos hablando de una masa de personas que alcanzan a ser entre ocho y nueve millones de trabajadores y trabajadoras que no tienen un trabajo formal. Sin embargo, sectores de trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia también se encuentran por debajo de la línea de pobreza y en muchos casos de la de indigencia.
Son estas las razones por las cuales el pueblo ya comienza a prenderse fuego. El gobierno hace agua, pero no parece tener la suficiente fuerza para apagarlo.
Continúan abiertas las venas de américa-latina. El desangre continúa. Es importante que el pueblo todo detenga la voracidad del apetito de ganancias de las grandes corporaciones internacionales y sus socios locales
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