Por Red Nacional de Medios Alternativos
Foto: Susi Maresca
Quizá Aldo Flores sintetice la historia de un pueblo que se niega a sacrificar su tierra, el agua, su forma de vida ante la megaminería.
Catamarca – “Cuando llegó la mina yo también me presenté a trabajar hasta que después nos dimos cuenta de la mentira”, cuenta mientras recuerda los primeros años a fines de los noventa “cuando éramos pocos, pero íbamos creciendo”. En aquel entonces, Minera La Alumbrera y el menemismo habían llegado a prometer hasta 10 mil puestos de trabajo.
Hace unos días (04/11), Aldo recibió la notificación por parte del Fiscal Martin Camps sobre la elevación a juicio de la causa que lo acusa de apología del delito con testigos en su contra que son policías o espías.
“Una más” dice y sonríe. Es una de las tantas causas contra Aldo y otros 90 pobladores de Andalgalá que también fueron judicializados tras 13 años de protestas. Sobre una población de 20 mil habitantes, un 0.45% está en la mira de la “justicia”. Los números son escandalosos. Es como si en CABA hubiera 13 mil personas con causas judiciales contra una protesta tan legítima como podría ser la mejora en la educación.
Para mantener la amenaza tantos años, la minera usó de todo; patoteros, espías, drones, y por supuesto, policías. Pero lo obsceno, siempre contó con el apoyo del Gobierno y el Poder Judicial a pesar de incumplir todas las leyes posibles en materia ambiental. De las causas contra los vecinos, hay para todos los gustos, “obstrucción al tránsito”, “resistencia a la autoridad”, “desobediencia judicial”, “apología del delito”, etc.
En su última detención, en junio de este año, Aldo sufrió un infarto mientras le tomaban declaración indagatoria, “me llamaron desde la fiscalía. Cuando iba llegando comencé a ver muchos policías y me sentía mal, me dolía el pecho”.
En abril del año pasado, el docente jubilado de 73 años estuvo 14 días detenido, luego de que una marcha multitudinaria incendiara las oficinas de la minera Mara (Minera Agua Rica Alumbrera) al conocerse que las máquinas de la minera habían subido al cerro. Aquel día denunciaron zona liberada ante la ausencia de policías y bomberos que dejaron por horas que las llamas avancen, a pesar de estar a pocas cuadras del lugar. La represión fue feroz. Con una orden para detener a 50 vecinos, que son parte de la asamblea “El Algarrobo” y sin oponer resistencia, el grupo especial Kuntur tiró puertas, destruyó casas y golpeó.
Hoy, la minera continúa explorando los nevados de Aconquija y prepara su venta al mejor postor. En Choya, una localidad andalgalense, los pobladores han denunciado que el agua que beben les está provocando vómitos y trastornos estomacales. Desde hace meses mantienen un acampe que ha sido en reiteradas veces agredido y que permanece vigilado por la policía y dos piquetes de patotas que impiden acercarse a los trabajos que realizan las multinacionales en la montaña.