Se cumple un mes de la detención de la dirigente social jujeña Milagro Sala. En principio enfrentaba una causa por instigación a la violencia, pero desde fines de enero se la acusa de presunta mala administración de fondos para viviendas sociales. ¿Se trata de una persecución política, represión a la oposición o simplemente el peso de la justicia?. Por Juan Alberto Perez
Probablemente pocos funcionarios del gobierno saliente de Cristiana Fernández de Kirchner tengan el beneplácito de poder gozar de una imagen positiva o aceptación pública generalizada. Y en definitiva, esto se debe a que sobre algunos de ellos cae el peso de la ley en causas por corrupción, como el caso de Boudou o Ricardo Jaime; y otros tantos están apuntados por el dedo acusatorio de medios de comunicación y enemigos políticos, a quienes generan rechazo por su personalidad o mitos urbanos no comprobados como actitudes mafiosas o prepotentes, así podemos nombrar a Anibal Fernández o Guillermo Moreno como casos testigo. El asunto de la dirigente del movimiento Tupac Amaru, Milagro Sala, no es diferente. Y si bien, no ha ejercido cargos públicos durante la gestión CFK, es sabido su incondicionalidad al movimiento, tanto que gozó de la posibilidad de gestionar la entrega de planes sociales como si fuese figura oficial. Por esto la imagen de Sala ha sido de las más cuestionadas por los detractores del kirchnerismo. Se la presentó como el símbolo de la “podredumbre” instalada en el estado desde el advenimiento de los Kirchner al poder. Verdad o no, se lanzaron serias acusaciones sobre la líder tupamara como ser “jefa de bandas patoteras”, “delincuente que explotaba la situación de los más carenciados de su provincia” y un sin fin más. Pero no fue hasta la llegada del radical Gerardo Morales a la gobernación de Jujuy que se avanzó sobre la detención de Sala.
Todo cambió con el triunfo de Mauricio Macri en el ballotage de noviembre de 2015. El panorama político dio un vuelco de 380 grados y los que eran oficialismo se convirtieron en oposición y la oposición de los últimos 13 años llegó al poder. El nuevo oficialismo cautivó al electorado con frases rimbombantes pero carentes de contenido como “Pobreza cero”, “Combate al narcotráfico y la corrupción”. Dentro de este último concepto, se desató una suerte de “caza de brujas” que provocó hasta el momento de escribir estas líneas el despido de más de 25 mil personas según cifras de CTA. Alegando que el estado estaba lleno de ñoquis, fueron echados trabajadores de todos los ámbitos de los estados (nacionales, provinciales, municipales). Esto provocó la finalización de programas sociales, o la reducción del alcance de los mismo, el cierre de proyectos culturales, el freno a la obra pública, entre las que se destacan los planes de vivienda. La acusación generada hizo que la movilización y el repudio no se haga esperar. Así es que en todo el país todo tipo de organizaciones sociales, políticas y de trabajadores gano las calles para luchar contra el ajuste planificado. La Tupac Amaru alertada por esto realiza desde el 14 de diciembre de 2015 un acampe en la Plaza Belgrano de la ciudad de San Salvador de Jujuy exigiendo al estado provincial que no paralice los programas de viviendas. Ante la intolerancia de un nuevo gobernador a las manifestaciones contra su política, es que se produjo la detención de Milagro Sala el 16 de enero pasado.
El fundamento del arresto hablaba de instigar a la violencia por el acampe en la capital jujeña. Transgresión que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires no es más que una contravención. Pero como el país es federal, cada provincia dicta sus propias leyes y la condena que creen correspondientes, sin perjuicio claro está de la constitución Nacional y los tratados internacionales sobre DDHH. Por eso en Jujuy este tipo de faltas puede llevar una pena de 15 días de arresto. Por tal motivo, los primeros días de febrero Sala debería recuperar la libertad. Pero esto no fue así. Desde que fue detenida, y a pesar de la resistencia de todo el arco de organizaciones sociales de base, se buscó insistentemente conseguir una mínima acusación para garantizar la continuidad de Sala en prisión. Y tanto fue la búsqueda que algo se encontró. Ahora es acusada por malversación de fondos públicos.
En la justicia hay un precepto inquebrantable, que es el que marca que “nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario”. Y si no hay pruebas suficientes para mantener detenido a una persona debe acceder de inmediato a la excarcelación, sin perjuicio de que la causa continúa su rumbo. Las excepciones se plantean cuando el acusado representa un peligro para el normal funcionamiento de la investigación o cuando se sospecha de una posible fuga. De esto se toma la justicia jujeña para mantener a Sala en prisión. Se sospecha que podría desplegar sus influencias para entorpecer la causa. Esas influencias que desde hace un mes no han lograron que goce de su libertad. Entonces, si el lobby político que le achacan a Sala no pudo desbaratar una causa menor como la instigar a la violencia ¿Cómo podría entorpecer una de estafas al Estado?¿Será que Sala tiene influencias o se busca ese justificativo para mostrar que el gobierno actual se cuelgue una estrella manteniendo presa a una de las figuras de oposición más cuestionadas?
Lo cierto es que no sirvieron las medidas cautelares presentadas por la defensa de Sala, no alcanzan las proclamas de organismos de Derechos humanos internacionales y ni siquiera el apoyo del mismo Papa Francisco para hacer rever a la justicia y al gobierno de Morales su postura sobre el caso.
El día de hoy será clave en cuanto a las manifestaciones públicas por la liberación de la líder de Tupac Amaru. Se realizaran más de 200 cortes de ruta, sumados a los acampes en Buenos Aires y Jujuy. Más allá de ser una figura controversial las formas en que se realizó la detención de Sala hace suponer que se trata de cuestiones políticas más que judiciales. Por eso, se entiende tanta manifestación pública de referentes políticos y sociales de todo ámbito para exigir su libertad. Además, representa un antecedente espeluznante para lo que puede esperarse como represalias del Estado contra las manifestaciones. Por tal motivo, no es exagerado hablar de qué Milagro Sala es una presa política en la nueva Argentina de la “concordia” y el “diálogo” que Macri nos quiere hacer creer que hay.