OTRO LADRILLO EN LA PARED

El nuevo protocolo de seguridad es un paso más en el avance del gobierno de Cambiemos para  criminalizar la protesta y seguir con sus políticas de ajuste cercenando el derecho a expresar disconformidad. Por Diego Ferrero. 

wp-1455898322518.jpeg“El gobierno del presidente Mauricio Macri no quiere que, durante los próximos cuatro años, las calles sigan siendo un lugar diario y permanente de problemas”. Con estas palabras enfrentó a los medios la ministra de seguridad Patricia Bullrich en el miércoles pasado, al concluir la sesión del Consejo de Seguridad Interior, en la sureña ciudad de Bariloche. A su vez, la ex funcionaria del gobierno de Fernando De La Rúa expresó que el gobierno que asumió en diciembre pasado quiere “establecer un nuevo paradigma, que genere cierto orden en la sociedad”.

El nuevo protocolo es cuanto menos polémico. Reza entre otros puntos, apoyándose en el federalismo, que las fuerzas de seguridad federales y provinciales dictaran protocolos específicos operativos sobre el personal y el uso mínimo de la fuerza y el uso de armas no letales. Por tanto, se entiende que la forma de disolución de una manifestación quedará en manos de las fuerzas y las autoridades provinciales. Pero en ningún punto el enunciado limita el accionar de dichas fuerzas. Poniendo el derecho a circular por encima de cualquier otro derecho, como por ejemplo el de protesta, el texto avala las represiones en caso de permanecer una masa de gente en las calles interrumpiendo el tránsito.  En este sentido, menciona que “si los manifestantes no cumplieran con la orden establecida, se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme a lo establecido para los casos de delitos cometidos en flagrancia (…) se procederá a intervenir y disolver la manifestación”. Por tanto, amparados en el punto que mencionamos en primera instancia, más este último apartado, las fuerzas de seguridad tienen el aval para elegir el modo de reprimir hasta disolver la protesta.

wp-1455898306287.jpegAdemás, el nuevo protocolo tiene un punto muy llamativo: los periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos que quieran cubrir la protesta social, estarán “ubicados” en una “zona determinada”, donde no “interfieran con el procedimiento”. Por tanto, el riesgo que la represión no pueda ser visibilizada aumenta, suponiendo aún un peligro mayor de abusos de la autoridad. Es decir, a mayor criminalización de la protesta, menor visibilización de la represión.

Las críticas al nuevo protocolo han surgido de variados sectores, amparados en el choque de artículos constitucionales, que hacen contraproducente a las nuevas normas. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), emitieron un comunicado en el que declararon que “el Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas del Ministerio de Seguridad de la Nación limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta al colocar al ‘orden público’ por encima de todo”.

Ejecutar un severo ajuste con las calles silenciadas es uno de los objetivos trazados por el gobierno de Mauricio Macri. Gente de la élite de la sociedad que siempre está preocupada por la imagen que damos al mundo y no por los verdaderos problemas que aquejan a la sociedad, los actuales gobernantes tienen a su favor al más poderoso medio del país y de más llegada al resto del mundo, capaz de convertir en transparentes estas situaciones para vender otra imagen ante el resto del globo.

wp-1455898315595.jpegCriminalizar la protesta ha sido una de las preocupaciones de Cambiemos, desde antes de llegar al poder; y una vez llegado al mismo, sentaron precedente con la detención de la polémica Milagros Sala y con la represión de Gendarmería a los trabajadores de Cresta Roja en Panamericana.

En una muestra más de poder, la policía intentó disolver la habitual congregación de los jueves de Madres de Plaza de Mayo, que arman su puesto junto a la pirámide de mayo previo a la tradicional vuelta.
Con más de 30.000 despidos en dos meses, tarifazos en los servicios, aumentos en el transporte, paritarias irrisorias en comparación del costo de vida, exención y derogación de impuestos para quienes más tienen y el ajuste sobre la espalda del pueblo trabajador, la lucha en las calles se impone en la agenda de los partidos opositores, organizaciones independientes y todo aquél que sufra la crisis. Anticipándose a un previsible futuro, el gobierno se cubre con este protocolo que promete orden a cualquier precio.

Se vienen días y tiempos agitados, pensando en un pueblo acostumbrado a expresarse en las calles; y una noticia del día me trajo un recuerdo: el presidente de los EE.UU. confirmó en el día de hoy que el 23 de marzo arribará en nuestro país. La última vez que un presidente yankee estuvo en nuestro país fue en 2005, cuando George W. Bush estuvo en Mar del Plata en la cumbre de presidentes. Las manifestaciones en su contra fueron masivas no sólo en la ciudad costera sino también en el resto del país. La visita de Obama difícilmente despierte reacciones diferentes. Entonces ¿cuál será la reacción del gobierno si el pueblo se expresa contra la máxima autoridad de los policías del mundo? ¿Qué órdenes bajaran si la gente gana las calles? El correr de los días darán el veredicto de un futuro que se avizora más represivo, y al cuál ahora le han brindado un marco legal.

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s