Por Juan Alberto Pérez
El gobierno emitió un comunicado donde informa la suspensión de pensiones no contributivas para personas con discapacidad. Se basó en un decreto del menemismo en el cuál se establece los límites para recibir pensiones por invalidez laboral. Quedarán excluidas del beneficio un gran número de personas. “Está todo en marco del anuncio del déficit cero que se busca en el sector público” manifestó Marcelo Betti, presidente de REDI.
El martes 25 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad donde se detalla un circuito administrativo para el proceso de suspensión de pensiones no contributivas para las personas con discapacidad. Dichas pensiones son un beneficio otorgado por ley para las personas con discapacidad que se ven imposibilitadas de trabajar. La resolución antes nombrada hace asiento en un decreto que data del gobierno de Carlos Menem, el decreto 432/97, en dónde se detallan las condiciones necesarias para ser acreedor del beneficio. De esta manera, lo que busca el gobierno es evitar demandas judiciales como sucedió en 2017 cuando ya había hecho el intento de recortar dichas pensiones.
El decreto del menemismo, que se encontraba en desuso, establece que una persona que tiene una invalidez laboral del 76% es beneficiario de las pensiones. Sin embargo, según nos contó el presidente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), Marcelo Betti, “Era un decreto inconstitucional porque no cumple con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Entre 2003 y 2015 la cantidad de beneficiaries de las pensiones aumentó en un gran número ya que se decidió otorgar a personas con menor porcentaje de invalidez, por el hecho de que estos y estas veían imposible acceder a un puesto de trabajo ya que el mercado laboral no les tiene en cuenta. “El mercado laboral es muy poco receptivo hacia las personas con discapacidad, la tasa de desempleo es altísima” detalla Marcelo Betti. Por lo cuál de aplicarse el decreto del menemismo a rajatabla implica que muchas personas queden sin su único sustento económico.
Asimismo, también se incluyó como beneficiaries de las pensiones a menores de edad. Por lo cuál, al ser en la cuestión técnica un beneficio por “invalidez laboral”, y les niñes no ser sujetos “laborables” también perderían las pensiones.
Además, la letra chica del decreto que pretende aplicar el gobierno dice que si una persona no va a cobrar su pensión por el término de tres meses pierde dicho beneficio. Por lo que las personas internadas, institucionalizada, o el caso de gente que está con adicciones, que también están incluidos en el universo de incapacidad, perderán las pensiones. “Hay una serie de cuestiones que harían que la utilización de este decreto, que en la práctica estaba en desuso, medio que lo sacaron de un cajón, genere una disminución en las pensiones” marca Marcelo Betti, presidente de REDI.
En las organizaciones en defensa de los derechos de las personas con discapacidad cayó de sorpresa esta norma planteada. “Si bien uno podía sospechar que en algún momento iban a continuar intentando disminuir pensiones por discapacidad, porque es parte del ajuste fiscal que vienen haciendo en el sector público, esta vez fue sorpresivo el mecanismo, que en realidad es un intento un poco más sofisticado de lo que habían tratado en 2017” declara Marcelo Betti. Esta “sofisticación” de la que habla Betti es el mecanismo de aviso de suspensión que se aplicará. A diferencia de lo que se realizó en 2017 cuando se dieron de baja las pensiones sin aviso previo, lo cuál dio lugar a las acciones judiciales, que fueron favorables. De hecho, el pasado 18 de septiembre el Juzgado Federal de la Seguridad Social Nª 8 falló en contra del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación para que restituya las pensiones no contributivas eliminadas. En esta instancia el Estado notifica al beneficiario que se dará de baja la pensión y le da 10 días para realizar un descargo, quién no lo realice perderá el beneficio. “De esta forma se evitan los argumentos judiciales que nosotros pusimos, que nos permitió ganar el juicio al Estado” dice Betti, presidente de REDI.
Cómo queda claro hay una política firme por parte del Gobierno de Cambiemos de desprecio por las personas con discapacidad. Al ya mencionado intento de quita de pensiones del 2017 podemos sumarle la denuncia hecha por las prestadoras de servicios de las personas con discapacidad que alegan un vaciamiento de programas por falta de pagos y promesas incumplidas. “Está todo en marco del anuncio del déficit cero que se busca en el sector público.La idea de recortar el esquema de protección social está enmarcado en eso” declara Marcelo Betti y agrega “En el caso de las personas con discapacidad es aún más gravoso porque es uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Están en un margen muy crítico porque tienen menores ingresos, porque la mayoría no consiguen trabajo porque se les hace muy difícil obtenerlo, y también porque sus gastos son mayores a los del resto de la población, tienen mayores gastos de transporte, de tratamientos de salud y educativos en el caso de los menores. Ya es un sector donde hay menores ingresos y ahora van a tener menos si avanza con fuerza la idea de suspensión de pensiones”.
Desde REDI se está dando contención y se intenta informar a los damnificados sobre el mecanismo al que deben recurrir para evitar que se les den de baja las pensiones. Al mismo tiempo se organiza una movilización para los próximos días en el marco del debate por el presupuesto en el Congreso de la Nación. “Por ahí sale que no se paguen las pensiones por discapacidad pero sí que se pague la deuda. Ese es el orden de prioridades del gobierno” cierra Marcelo Betti, presidente de REDI.