*Por Juliana Miceli y Clara Montenegro
Imágenes Lilian Andrade, vecina de Villa 31, fotógrafa de La Poderosa
El COVID-19 llegó a los barrios populares, un foco de alto riesgo por sus condiciones de hacinamiento y escasez de servicios básicos que podrían, aunque sea, reducir el nivel de contagio que está avanzando con una celeridad importante. Un virus que llegó para resaltar la cruel desigualdad que viven los sectores más empobrecidos. Son 124 los casos confirmados en las villas porteñas, sólo 57 son los que ennumera la Villa 31 y este número crecerá exponencialmente si el Gobierno de la Ciudad no garantiza los medios necesarios para poder cumplir con las medidas de prevención dictadas por la Organización Mundial de la Salud, las que el Ministerio de la Salud adoptó: lavarse las manos frecuentemente, ventilar los ambientes, permanecer en los domicilios y reducir el contacto físico con otras personas. Por el momento el Gobierno de la Ciudad no cedió ningún espacio para que quienes se ven afectados puedan cumplir con el aislamiento pese que al Hotel Bauen ofreció 100 camas para alojar personas pertenecientes a grupos de riesgo.
No es difícil cumplir con las medidas preventivas necesarias para no contraer ni propagar el virus cuando las necesidades básicas están cubiertas, pero ¿qué pasa cuando existe un baño para 13 personas y hace cinco días que de las canillas no sale una gota de agua? Si el raciocinio no alcanza, vale recordar que las Naciones Unidas, organismo internacional de mayor jerarquía en el mundo, reconoció como derecho humano el acceso al agua potable y al saneamiento, reafirmando que son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
Durante el 2019 por los pasillos de la Villa 31 entre la Calle 4, vías del ferrocarril San Martín, avenida Pueyrredón, Calle 9, avenida Pte. Ramón Castillo, y avenida Gendarmería Nacional se distinguía entre los cableados, pasacalles que exclamaban “Vota a Larreta, vota a la Urbanización”. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el año 2016 presentó un plan de acción integral para la transformación social y urbana del barrio para solucionar las condiciones de vida de sus cincuenta mil residentes, y mejorar el acceso a la infraestructura básica y los servicios sociales con respaldo de un préstamo del Banco Mundial de US$ 242.50 millones. Pero la 31, después de cinco días y en este contexto, sigue sin agua.
En la página de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en su plataforma Caminos de la Villa, se puede hacer un seguimiento de los procesos de urbanización. En el caso de la 31 dice que el 38% del lugar está urbanizado. De ese 38%, los servicios básicos (cloaca y pluvial, electricidad y alumbrado, y agua potable) solamente abarcan un 2%, el resto son de ‘plazas y canchitas’.
Nacho Levy, referente de la agrupación villera La Poderosa, publicó en redes sociales: “AySA es la empresa prestataria de servicios de agua y saneamiento más grande de América Latina, pero sus tendidos abordan a las villas como si fueran un PH, o sea, su abastecimiento sólo llega hasta los contornos de los barrios informales y algunas de sus arterias principales, en el mejor de los casos. Así fue siempre. Al interior, todas las conexiones han sido desarrolladas por autogestión de la propia comunidad o por obras del Gobierno de la Ciudad, que también las paga con dineros públicos, pero las construye sobre “la informalidad”. Sin calles, ni catastros, los mapas de AySA ven a los territorios villeros como cuadrados verdes, como si fueran espacios públicos. Y por eso, desde siempre, la lucha por la “integración urbana” requería romper la frontera del adentro y el afuera, proyectando la obra desde una inevitable articulación entre la empresa proveedora y la gestión porteña. Así se cultivó la resolución Apla 26/17, para que AySA pudiera intervenir ocasionalmente, pero el agua se corta de manera frecuente”.
Entonces: ¿existen políticas públicas sostenidas de integración urbana?, ¿qué significa y cómo debería ser este proceso en los barrios populares? Para entender este proceso tan complejo y postergado, hablamos con Paloma Garay Santaló, geógrafa y militante política, especialista en geografía urbana.
Las villas más grandes de la Ciudad de Buenos Aires en general son tierras de dominio nacional, pero las normas de construcción urbanas son de Ciudad. Entonces para saber cómo debería ser el proceso de urbanización es necesario preguntarse la importancia de las jurisdicciones al momento de la planificación de la misma.
La organización del territorio urbano tiene dos aristas: hay un pedazo de tierra que se divide en calles, veredas y plazas, lo que sería ámbito público; después hay una norma que cuadricula un pedazo de territorio para transformarlo en cuadras, para construir una propiedad de la que alguien pueda ser dueño. El Estado tiene tierras que son de dominio privado y tierras que son de dominio público. Hay inmuebles que son de propiedad de la Nación y que nunca se catastraron, por ejemplo los predios ferroviarios, que no son lotes que se pueden vender o intercambiar, sino que son predios que tienen una función de servicio público y que no están subdivididas en cuadraditos a catastrar. Entonces las villas en general tienen bastantes impedimentos desde las bases porque se encuentran en espacios que no están catastrados y que no están considerados terrenos para la vivienda. Lo primero sería integrarlos a este sistema cuadriculado que es el tejido urbano formal. Lo segundo la escrituración de cada terreno. Entonces, supongamos, una vez catastrados y escriturados estos terrenos ¿cómo se inicia el proceso de integración?
PS: Hay normas que son derechos que hay que defender, como lo es el derecho a no vivir en condiciones de hacinamiento. No se pueden legalizar condiciones físicas que no aseguren los requisitos mínimos de habitabilidad y ahí es donde empiezan a regir las normas urbanas: cuál es el lote mínimo, cuál es la altura de los edificios, cuál es el mínimo de los cuartos que el código de planeamiento urbano define para la “ciudad formal”. Estas, para quienes viven en las villas, son inalcanzables sin el acompañamiento real del Estado y en esto entra una discusión absolutamente legítima, filosófica, que es qué significan esas dimensiones mínimas y condiciones de habitabilidad. Pedir que tengan una casa de 70 m2 con dos cuartos de 200 metros, hace imposible llegar a la regularización, que es lo que les daría la estabilidad habitacional.
¿Qué habría que hacer, entonces, para adecuar esas viviendas que no cumplen con las condiciones mínimas?
PS: Hay dos caminos: tirarlas abajo y empezar de nuevo y hacer edificios grandes, ratoneras, palomeras; y el otro camino, que se empezó a discutir más en los 70, 80, es reconocer lo construido en las villas como un valor porque de hecho es una forma de construir ciudad. Para poder remodelar las que existen en general existe un problema de espacio, ahí aparece en los planes de urbanización un esquema mixto, por ejemplo: hay dos casitas chiquitas, apretadas, sin ventanas, y lo que se hace es una técnica de esponjamiento; tirar abajo una de las casas para poder ampliar las viviendas de alrededor para el mejoramiento de su organización interna. Tirar abajo todo lo construido e ir a viviendas nuevas no es un proceso para nada agradable para los vecinos que construyeron su casa por el desarraigo que esto genera. Los barrios son identidad, son cultura, son historias, son vínculos, son vecindades.
¿Cuáles serían, entonces, las condiciones que se necesitan para el planeamiento de la integración socio-urbana?
PS: Para la urbanización de los barrios se necesita analizar cada territorio y ver de quién es el dominio de la tierra, que se haga un relevamiento con agrimensores para ver qué es lo construido; saber cuántas familias viven por metro cuadrado y en qué condiciones. Saber si hay terreno libre alrededor para hacer un proyecto específico para la apertura de las calles, lo que significaría la posibilidad de que entren las ambulancias, el camión de bomberos y todos los servicios públicos que van por debajo de esas calles, las que no son solamente arterias de movilidad, sino que son arterias de servicios públicos: gas, agua y cloacas. El Estado está obligado a llevar los caños de agua pero AySA pero dice que no puede entrar con sus caños estructurales porque no están hechas las calles. Entonces, más allá de las voluntades, y en esto obviamente hay decisiones políticas en cómo hacerlo, es muy complejo intervenir en los barrios porque todo se está manejando en el marco de la informalidad.
Llevar adelante estas obras puede ser muy molesto e invasivo ya que muchas veces la solución parecería ser tirar abajo casas. La urbanización es un proceso que se debe hacer con mucho planeamiento, organización y sobre todo con la legitimidad de los sectores populares. No se puede hacer de un día para el otro como intentó hacer el Gobierno de la Ciudad. Es un proceso de etapas y no de un inicio y un fin. Hay que salir de la lógica que está implementando hoy el Gobierno que es “urbanizo”, porque eso termina en lo que comúnmente se denomina “la patria contratista” un montón de empresario llenando sus bolsillos y para el barrio nada. Se necesita la construcción de consensos que no se cumplen y mesas de trabajo que no son ni asambleas ni reuniones informativas, sino que son un proceso de sinceridad en el vínculo para ganar legitimidad, una construcción participativa para decisiones entendiendo las particularidades de cada problemática. Es un proceso social. Si bien Horacio Rodríguez Larreta nuevamente triunfó en la Ciudad de Buenos Aires, quienes habitan la Villa 31 ya se dieron cuenta que todo lo que se hizo hasta ahora fue maquillaje y que no existen políticas públicas sostenidas de integración socio-urbana.