Por Juan Alberto Pérez
El terrible legado macrista sobre los presos políticos dio lugar a un debate entre el presidente de la nación y distintos referentes sociales y dirigentes políticos. Mientras Fernández pretende instalar el discurso que en su gobierno no hay detenidos por causas políticas, hay quienes lo interpelan alegando el caso de Milagro Sala como referencia de este tipo de maniobras arbitrarias de la justicia por demanda del poder político.
Una característica del gobierno de Cambiemos fue el uso y abuso del poder judicial como método de persecución a todo signo de oposición que se presente en su camino. Por eso, se utilizaron herramientas que rozaron la ilegalidad y que dejaron un marco de gravedad la institucionalidad el Estado de Derecho. La famosa doctrina Irurzún que hacía uso de la prisión preventiva alegando la posibilidad de obstrucción de la justicia por “relaciones de poder residual” de parte del acusado fue la carta blanca que Mauricio Macri le regaló a los jueces adeptos. Así es que un buen número de ex funcionarios de Cristina Fernández de Kirchner, como así también referentes sociales de todo tipo, fueron detenidos. El triunfo de Alberto Fernández el 27 de octubre de 2019 trajo un viento de reconfiguración en todas las áreas de poder, que aún hoy buscan reacomodarse detrás de quién hoy detenta la primera magistratura. Así es qué, en noviembre de pasado año la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal activó artículos del nuevo Código Penal que echaron por tierra la doctrina Irurzún. Bajo este nuevo régimen hay que probar efectivamente los riesgos de obstrucción de la justicia para dictar la prisión preventiva. De este modo fueron liberados Julio De Vido, Roberto Barata y Cristobal López, entre otros. Sin embargo, aún hay otros referentes que continúan detenidos y por los cuales surge la polémica si el día de hoy hay presos políticos o no en el país.
La semana pasada el presidente Alberto Fernández en una reunión con organismo de derechos humanos dejó en claro que su pensamiento es que el día de hoy en Argentina no hay presos políticos, en tal caso, sí hay “detenidos arbitrarios”. Intentando quitarse responsabilidades de encima, el primer mandatario les expresó a Estela de Carlotto y Taty Almeida que no digan “nunca que su gobierno tiene presos políticos”. Al mismo tiempo les expresó que “quienes fueron detenidos sin ninguna acusación, sino por las dudas porque podían fugarse o interferir, ya no están. Los que están presos son los que tienen una causa abierta y ahí la que tiene que determinar la libertad es la justicia”. En esta definición el primer mandatario hace un recorte sesgado del concepto de “preso político”, aludiendo solamente a aquellos que fueron detenidos por la ya nombrada doctrina Irurzún.
Esto genero un revuelo en torno a diferentes personalidades que salieron al cruce del presidente, al caracterizar que hay personajes que están detenidos en este momento y que pueden catalogarse como presos políticos. Hablamos Amado Boudou, Milagros Sala o Luis D’Elía. Una de ellas es Hebe de Bonafini quién le pidió a Alberto Fernández que “diga de que lado va a estar, si de la justicia corrupta o con los presos políticos” y remarcó el caso del ex vicepresidente que, para ella, está detenido por tocar los intereses de los bancos cuando estatizó el sistema jubilatorio. Otro personaje que interpeló al presidente es el diputado Oscar Parrilli, quién manifestó no estar de acuerdo con la definición de Fernández, y consideró que hay presos políticos en la actualidad. “Más allá de si hubo o no hechos de corrupción, la manera en la cuál están detenidos -Boudou, De Vido y Milagro Sala-, no hay en los expedientes que se hicieron elementos suficientes para condenarlos” expresó el ex secretario de la presidencia.
Ahora bien, ¿Todos los presos son iguales?¿Se pueden catalogar de la misma manera y bajo la misma vara las detenciones de Amado Boudou y de Milago Sala? Al respecto el abogado y referente de Correpi, Ismael Jalil, tuvo una definición respecto de la apreciación de Alberto Fernández y las diferentes condiciones de los detenidos. “Yo no estoy en desacuerdo con la lectura de que Milagros Sala sea una detenida arbitraria. Porque en definitiva la arbitrariedad de su detención es la que se produjo en el momento de hacer un acampe. Pero para nosotros eso precisamente es el concepto del preso político, porque es en condición de haber salido a luchar políticamente, socialmente o sindicalmente. Para nosotros cualquiera que sale en esas condiciones, sea del palo que fuere, integra el listado de los presos políticos” manifestó Jalil. Sin embargo, remarcó una diferencia entre los distintos casos “Para nosotros es presa política en Milagros Sala, pero no lo es Boudou por ejemplo. Esto que quede claro. Lo era Daniel Ruiz (Detenido durante las protestas por la reforma jubilatoria en 2017), lo puede ser D´Elía por la famosa toma de las comisarías, pero de ninguna manera De Vido” categorizó el referente de Correpi. Para Boudou y De Vido entiende la condición de arbitrariedad en sus detenciones dada la inequidad que presenta el manejo de las prisiones preventivas. Sin embargo es muy categórica su definición respecto de la situación de la referenta de la Tupac Amaru en Jujuy. “el caso de Milagros Sala es completamente diferente porque se originó su detención por una razón política, y después fueron armando distintas causas o esté demandando la por distintas causas, pero con ella detenida a partir de una vendetta política” detalló Jalil, quién además se manifestó sobre los dichos de Alberto Fernández “Es probable que el presidente de la nación diga ‘que no se diga que mi gobierno hay presos políticos’, bueno yo debo decir que mientras Milagro Salá permanezca detenida y en función de aquella de detención, es una presa política. Después queda en la responsabilidad de la justicia o en el poder gobernador de Jujuy, o hasta del mismo presidente, eso será otra cuestión. Pero de ninguna manera bajamos la bandera en cuanto a qué Milagro Sala es una presa política”.
El debate sobre “presos políticos sí o no” no es algo menor en el contexto de debilidad institucional que ha dejado estos cuatro años de macrismo. Los antecedentes aberrantes en cuanto a la persecución del que piensa distinto tuvo connotaciones con lo más oscuro de la historia argentina. Por eso, que en una etapa que se llama a una supuesta reorganización de las garantías constitucionales aún existan casos de personas privadas de su libertad por su pensamiento político es un peligro muy grande para la continuidad del estado del derecho y lesiona fuertemente la democracia.
Para comentar debe estar registrado.